El Gobierno aprobará en febrero el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Será la segunda vez que el texto pase por el Consejo de Ministros, porque fue una de las normativas que se quedaron colgadas en tramitación parlamentaria por el adelanto electoral del pasado mes de julio. La ley incentivará a las ciudades que prioricen la movilidad sostenible y se penalizará a las que no lo hagan.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido en un desayuno informativo que él la norma “la haría de otra manera” y sería “más ambicioso pero la realidad se impone”. “Tenemos una realidad parlamentaria compleja”, ha asumido. “La ley tiene que estar en vigor antes del 30 de diciembre” porque “de ello depende la séptima entrega de fondos de la UE”.
En ese contexto de realismo, el Gobierno va a “presentar el Proyecto tal y como estaba, en febrero, como muy tarde”. En concreto, en el primer o segundo Consejo de Ministros del próximo mes. En ese enfoque de “tramitación realista”, el Ejecutivo intentará alguna “mejora o enmienda, primando el consenso, que es un animal mitológico”, ha ironizado.
“No vamos a romper el consenso, vamos a ser prácticos. La vida es así. Es mejor tener una ley que no tener ninguna. Somos uno de los pocos países de la UE sin una Ley de Movilidad Sostenible”, ha concluido.
Uno de esos cambios durante la tramitación puede ir ligado a incentivar y penalizar a las ciudades que no cumplan con los proyectos de movilidad sostenible. “Tenemos un problema muy serio, porque no hay un sistema de penalización”, ligado a la Ley de Cambio Climático. “En este momento hay un riesgo real de que esos fondos [europeos] tengan que revertirse. Eso no es ninguna tontería. Devolver 2.500 millones sería un problema y si no cumplimos no recibiríamos más fondos”, ha resumido.
Puente ha criticado que en este país sea “ideológico hasta el aire que respiramos”. “Los pulmones son iguales los de izquierda y los de derecha. Estamos hablando de muchas muertes al año como consecuencia de la contaminación atmosférica. No juguemos con la salud”.
En este sentido, ha apuntado al “fenómeno único” que se da en España por el que se revierte “el espacio conquistado para volver al coche”. “Es un disparate, destruir carriles bici, resistirse a las zonas de bajas emisiones solo se produce en España”.
Sin embargo, asume que el Gobierno no tiene herramientas normativas, porque son de los ayuntamientos, pero sí cuenta con recursos. “La movilidad está subvencionada por criterios objetivos, numéricos, basados en la población, eso hay que cambiarlo”, ha apuntado. “Tenemos que ir a una política de apoyo al transporte público basado en la calidad, más frecuencias, más líneas, una mejor oferta”.
“Nos vamos a empeñar en primar a los municipios que hagan un trabajo en pro de la movilidad. Los que no, los vamos a penalizar”, ha recalcado.
“Lo que vamos a hacer, ayudados en la Ley de Movilidad Sostenible” es dar “estímulos” y “penalizaciones” para que las “ciudades hagan el cambio de modelo y no se resistan tanto”.
En cuanto a cuál puede ser la consecuencia de esas penalizaciones, Puente ha señalado directamente a la “pérdida de los fondos”. “Yo sería incluso partidario, en el desarrollo reglamentario de la ley, de hacer una especie de rating, de quién apoya al transporte”, porque “algunos ven el autobús para que vayan los pobres”, ha ironizado.
Puente, como en otras ocasiones, ha indicado que la movilidad de las ciudades está pensada para “el hombre que coge el coche y se mueve de un lado a otro”. “Cuando digo que la movilidad sostenible es femenina, que conlleva ciudades donde se camina más o se va más en bici”.
(fuente: https://www.eldiario.es/)
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